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El Departamento de Justicia ordenó a los 93 fiscales del país a multiplicar las acusaciones contra servidores públicos mexicanos vinculados al narcotráfico
El gobierno de Donald Trump ha dado instrucciones esta semana a sus fiscales federales para llevar a cabo la persecución legal contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado ordenándoles que estos casos también puedan ser procesados bajo su legislación antiterrorista, de acuerdo con The New York Times.
La orden provino de Aakash Singh, subprocurador general, quien se comunicó este nuevo proceso a los 93 fiscales federales del país. Según el periódico, esta instrucción marca un viraje hacia una postura más ofensiva que, casi inevitablemente, elevará la tensión entre Washington y Ciudad de México.
De acuerdo con un funcionario citado por el NYT, Singh pidió a los fiscales “triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y a quienes trafican con drogas.”
Penas más severas
Esta medida encaja con la política general de la administración Trump que se ha caracterizado por la clasificación de los cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas. Esta designación implica una ampliación en el margen legal para presentar cargos, permitiendo aplicar penas más altas a los acusados.
El New York Times señala que la nueva estrategia ya no se limita a acusaciones por narcotráfico o corrupción, sino que ahora contempla también cargos por apoyo material a grupos terroristas, lo que endurece significativamente las consecuencias legales para quienes sean señalados.
Esta decisión se produce en medio de una ofensiva sostenida de Trump contra los cárteles de la droga. Desde que inició su segundo mandato, Trump ha impulsado operaciones militares en el Caribe y el Pacífico para interceptar embarcaciones sospechosas de transporte de drogas.
Caso Rocha Moya
La nueva iniciativa también llega poco después de que se presentaran cargos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos. A ello se suma la muerte de dos agentes encubiertos de la CIA en el estado de Chihuahua, quienes, según los reportes, ingresaron a México sin autorización del gobierno federal.
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano… no puedo pensar en nada que me importe menos“, declaró, según Singh citado por The New York Times.
Singh también afirmó que si las acusaciones generan “vergüenza o humillación“, eso sería “la cereza del pastel”, de acuerdo con el reporte.
Esta estrategia es un cambio importante en la política exterior estadounidense en materia de seguridad, antes los esfuerzos se concentraban principalmente en los líderes de los cárteles, pero ahora la mira se extiende a políticos y servidores públicos mexicanos.
El Departamento de Justicia no ha confirmado públicamente que se ampliarán los cargos por terrorismo, aunque altos funcionarios han dejado entrever que casos como el del gobernador de Sinaloa no serán hechos aislados.
