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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunciaron que no utilizarán las camionetas blindadas recién adquiridas para “garantizar condiciones adecuadas de seguridad”. La compra de 1 millón a millón y media causó controversia tras el mandato de austeridad.
En un comunicado compartido en sus cuentas de redes sociales, la SCJN ha señalado: “Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta Corte informan su decisión de no utilizarlos. Asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”. Los ministros no se han manifestado de manera individual.
El comunicado sigue: “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”. Las camionetas tenían un costo de entre un millón y medio de pesos (más de 85.000 dólares) y los tres millones (172.000 dólares), debido al nivel de blindaje que se haya solicitado.
En un comunicado previo, divulgado esta semana, la Corte había justificado la adquisición de los vehículos. “Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”, dijo entonces el Alto Tribunal. La Corte añadió que la renovación se ha realizado “en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, que establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguraspara garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”.
El comunicado oficial añade que la institución reafirma su deber con el manejo transparente de los fondos públicos y su labor continua en favor de una justicia auténtica. Asimismo, se anunció que, con el objetivo de aclarar los detalles, se llevará a cabo un encuentro con los medios en la Suprema Corte. El precio de las camionetas oscilaba entre los 1.5 y los 3 millones de pesos por unidad, dependiendo del blindaje requerido.
Días antes, el Máximo Tribunal ya había defendido la compra mediante otro informe, señalando que se basaron en peritajes de seguridad realizados por el Gobierno Federal. Dichos estudios determinaron que las camionetas anteriores eran obsoletas y ponían en riesgo la integridad de los funcionarios.
Finalmente, la Corte subrayó que el proceso se realizó bajo las reglas internas de 2019. Estas normas dictan que, por razones de protección y desgaste operativo, las unidades blindadas deben reemplazarse cada cuatro años o en plazos menores si ya no ofrecen las garantías de seguridad necesarias para su funcionamiento.
