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Defensores de derechos humanos en Guanajuato manifestaron su rechazo al protocolo de búsqueda de personas desaparecidas anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que la apertura de carpetas de investigación no garantiza una atención integral ni efectiva.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato respaldó el pronunciamiento de otros colectivos y organismos defensores, quienes criticaron el informe sobre desapariciones en México difundido durante la conferencia matutina del viernes 27 de marzo. En dicho reporte, se presentaron cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizados (RNPDNO), además de avances en reformas para la atención de estos casos. La presidenta Sheinbaum subrayó que se crearán carpetas y actualizarán registros como pasos esenciales para avanzar en la localización de personas.
Exigen búsquedas inmediatas, sin burocracia
Tras la exposición de datos por parte del gobierno federal, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato se pronunció en contra de los protocolos que condicionan la búsqueda de víctimas a trámites administrativos. A través de redes sociales, los defensores expresaron:
“La crisis de desapariciones en México no puede condicionarse a una carpeta de investigación. La búsqueda debe ser inmediata y sin trabas burocráticas.”
Si bien el informe federal no desglosó las cifras de cada estado, sí reveló que desde 2006 se han registrado 130 mil 178 personas desaparecidas, de las cuales 46 mil 742 carecen de datos suficientes y 43 mil 128 no presentan actividad. De estos últimos, únicamente 3 mil 896 cuentan con una carpeta de investigación abierta, por lo que se anunció que las Fiscalías estatales reforzarán la apertura de expedientes.
Critican la estrategia
El comunicado firmado por diversos organismos acompañantes de familias y defensores de derechos humanos rechazó la estrategia planteada por Sheinbaum; señalan que “la narrativa sostiene que, a partir de ahora, las Fiscalías estarán ‘obligadas’ a abrir carpetas de investigación por desaparición. Es imperativo aclarar que esta obligación no es nueva, existe desde la entrada en vigor desde 2017.”
Además, expresaron preocupación por la presentación de datos que indican que el 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de delito, pues no se explicó en qué metodología se basaron para sustentar esa conclusión.
Los defensores exigen mayor responsabilidad del Estado y alertaron sobre el riesgo de que los casos de desaparecidos se reduzcan a simples registros en papel.
“Lamentamos que la presentación de estos instrumentos se realice sin una convocatoria amplia, transparente y abierta. Los procesos de esta relevancia requieren una participación sustantiva de quienes han impulsado estas herramientas: las familias, sus colectivos, personas expresas y también organizaciones acompañantes.”
