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Cerca de 2.7 millones de personas, lo que representa una cuarta parte de la población cubana, enfrenta serias dificultades para acceder al agua potable.
Así lo informó este miércoles el gobierno cubano, responsabilizando de esta situación al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos y a las sanciones más recientes aplicadas contra Cuba.
Antonio Rodríguez, titular del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), indica que aproximadamente 2.7 millones de personas, equivalentes al 28% de los 9.7 millones de habitantes del país, sufren las consecuencias de estas medidas en el servicio de agua potable. Sus declaraciones fueron emitidas a través de la televisión nacional.
Rodríguez explicó que la falta de combustible ha permeado el funcionamiento de infraestructuras que son clave para el suministro de agua, tales como las estaciones de bombeo, las plantas de tratamiento y las redes de distribución. En ese sentido, advirtió que la situación se complica aún más durante los cortes de electricidad:
“Hay lugares donde el agua se rebombea con bajas presiones y, si no hay corriente, se quedan muchas personas sin recibir el servicio”.
El funcionario también comentó que el déficit energético también ha provocado un aumento en las averías de equipos y tuberías. Esta situación forma parte de una serie de efectos del bloqueo, como la imposibilidad de acceder a financiamientos externos y el retiro de proveedores internacionales, factores que han golpeado especialmente al sector hidráulico.
Rodríguez señaló que Cuba está “urgido de acelerar el cambio de la matriz energética” y que actualmente se trabaja para que el 52% de las 3 mil 300 estaciones de bombeo del país operen con fuentes de energía renovable.
La crisis energética de Cuba
Cuba atraviesa una crisis energética profunda desde 2024, la cual se intensificó a partir de enero de este año por EE.UU., pues el bloqueo petrolero impuesto está cortando prácticamente por completo el suministro de crudo desde finales de 2025.
Las consecuencias han paralizado de la economía, apagones que superan las 20 horas diarias y un creciente malestar entre la población.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que este tipo de medidas van en contra del derecho internacional.
