Aguirre Rivero dio la instrucción de eliminar pruebas sobre lo sucedido a un grupo de los normalistas
Luego de una audiencia que se extendió por más de 15 horas, un juez de control del centro de justicia del penal federal de máxima seguridad del Altiplano vinculó a proceso al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada. Este resultado después de que se consideraran suficientes los elementos probatorios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) para presumir su responsabilidad en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La defensa de Aguirre intentó revertir esta acusación aportando más de 30 elementos probatorios, sin embargo, ninguno resultó lo bastante sólido para desmontar la hipótesis según la cual Aguirre Rivero habría ordenado ocultar y destruir evidencia relacionada con lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron privados de su libertad y desaparecidos.
Como parte de la resolución, se otorgó un plazo de 120 días para cerrar la investigación complementaria y para que la defensa reúna el material que presentará en el juicio correspondiente, en el cual Aguirre Rivero será juzgado como presunto autor material del delito de desaparición forzada, tipificado como crimen de lesa humanidad.
La destrucción de evidencia en el centro del caso
En esta etapa del proceso, el juzgador federal desestimó los 31 elementos probatorios ofrecidos por la defensa del ex gobernador, con los que se pretendía desacreditar los argumentos de la FGR. La fiscalía había sostenido, con base en las declaraciones de Blanca N (ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y de Lambertina N, ex presidenta del Poder Judicial de esa entidad) que Aguirre Rivero dio la instrucción de eliminar pruebas sobre lo sucedido a un grupo de los normalistas en los testimonios de estas dos personas, quienes afirman que el entonces gobernador ordenó desaparecer todo rastro de lo ocurrido aquella noche.
Un elemento clave en este señalamiento es que Ernesto Aguirre, sobrino del ex mandatario y en ese momento su asesor, habría tenido conocimiento de los hechos desde el inicio debido a sus presuntos vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
De acuerdo con la investigación, la ex visitadora del TSJG sustrajo de la oficina de la presidenta de dicho tribunal un sobre que contenía un disco con las grabaciones de dos cámaras instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a la noche del 26 de septiembre. En dichas imágenes se mostraban la llegada, a las inmediaciones del recinto judicial, de uno de los autobuses en los que trasladaban a los normalistas, custodiado por individuos armados, algunos uniformados y otros no. Luego, se observa cómo estos sujetos obligaron a los estudiantes a cambiar de vehículo, autobús que minutos después abandonó el lugar con rumbo desconocido, escoltado por policías y personas armadas.
Para la Fiscalía, este material representaba una evidencia clave para identificar a los responsables del traslado y la ruta que tomaron al huir de Iguala.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la ex visitadora entregó el sobre con el disco a Ángel Aguirre en las oficinas de la gubernatura la noche del 29 de septiembre, tres días después de la desaparición de los estudiantes. El entonces gobernador habría hecho llegar el material al procurador de aquel momento, Iñaki Blanco, con instrucciones de destruirlo. Horas más tarde, Aguirre Rivero habría ordenado a distintos colaboradores borrar o eliminar cualquier otro registro de lo sucedido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
La coartada presentada por la Aguirre
Como estrategia para desvirtuar la acusación, el equipo legal de Aguirre Rivero presentó testimonios y documentos que buscaban demostrar que el día en que supuestamente recibió el disco con las grabaciones, el ex gobernador se encontraba en la Ciudad de México, en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Con esto, la defensa pretendía argumentar que Aguirre Rivero no estuvo en territorio guerrerense aquel 29 de septiembre y que, por lo tanto, no pudo haber recibido el material ni ordenado su destrucción.
Pese a estos argumentos, el ex gobernador permanecerá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde continuará el proceso legal en su contra por desaparición forzada. No obstante, sus abogados adelantaron que insistirán en solicitar una modificación de la medida cautelar para que pueda enfrentar el proceso en prisión domiciliaria, argumentando el delicado estado de salud que presenta Aguirre Rivero, quien actualmente tiene 70 años de edad.
