La tecnología ha acompañado a la enseñanza durante generaciones, lo que cambió en los últimos veinte años, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), fue la escala de su uso, y con ella llegaron los primeros datos duros sobre lo que ocurre cuando las pantallas se vuelven omnipresentes.
Celulares y tabletas, de acuerdo con estos hallazgos, están vinculados a un deterioro en habilidades como la comprensión de lectura, a mayores dificultades para sostener la atención y a un aprendizaje que se vuelve fragmentado en lugar de continuo.
Uno de los documentos que respalda estas conclusiones, titulado “Tecnología en la Educación: ¿una herramienta en los términos de quién?”, plantea un problema de fondo: la velocidad del cambio tecnológico supera la capacidad de medir sus efectos, considerando que las herramientas educativas digitales se actualizan, en promedio, cada tres años.
Otro sesgo identificado tiene que ver con quién produce el conocimiento sobre estas tecnologías: la mayoría de los estudios se concentran en países con mayores recursos económicos, y con frecuencia son financiados por las mismas compañías que buscan vender sus productos. El caso de Pearson es citado como ejemplo, pues la empresa “financió sus propios estudios para refutar análisis independientes que demostraban que sus productos no tenían ninguna incidencia”.
El fenómeno ha calado incluso en el lenguaje cotidiano: en 2024, el diccionario de Oxford sumó a su listado los términos doomscrolling (el hábito de consumir sin freno contenido negativo o perturbador) y brain-rot (el desgaste mental que produce la exposición constante a contenido trivial y de bajo valor). Para la Unesco, ambas palabras son un reflejo directo de cómo los algoritmos han normalizado un consumo digital dañino.
Frente a este panorama, el organismo insiste en que dejar a los estudiantes sin herramientas para navegar las TIC de forma consciente representa un riesgo real, y recuerda que corresponde a los gobiernos garantizar condiciones de acceso seguras y equitativas para todos.
En cuanto a la respuesta gubernamental, cifras de la plataforma Profiles Enhancing Education Reviews (PEER) muestran que, hasta finales de 2024, solamente 28 sistemas educativos de América Latina y el Caribe habían implementado alguna forma de regulación sobre el uso de celulares inteligentes dentro de las escuelas. México forma parte de ese grupo, con 16 estados que ya cuentan con disposiciones restrictivas en la materia.
Finalmente, la Unesco advierte sobre otro riesgo menos visible: un análisis reciente detectó que el 89 por ciento de 163 productos tecnológicos usados en el ámbito educativo durante la pandemia tenían capacidad para encuestar a menores de edad, lo que expone su derecho a la privacidad y a un entorno digital seguro.
