>
Un hacker dijo haber filtrado más de 336 mil expedientes del Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres. Luego de la denuncia difundida en redes sociales, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó un protocolo de revisión.
Los registros filtrados abarcan de 2014 a 2025. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor compartió en X capturas de pantalla que muestran supuestos archivos de dependencias como el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses y la Secretaría de Salud estatal, con información personal de víctimas y presuntos agresores.
Fiscalía responde
La FGE confirmó que se puso en marcha un protocolo técnico para revisar la situación y deslindar responsabilidades. Explicó que la plataforma comprometida fue creada para dar seguimiento a los registros del Banco Nacional de Víctimas, la cual es administrada por el Centro de Justicia para las Mujeres. Actualmente, participan 56 instituciones y 4 mil 453 usuarios con acceso autorizado.
“Comprendemos la inquietud que esta situación puede generar, particularmente entre las mujeres que han confiado en las instituciones para solicitar apoyo y protección. Por ello, personal especializado en ciberseguridad realiza una evaluación integral de la infraestructura tecnológica que resguarda el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, a fin de verificar su integridad, seguridad y correcto funcionamiento”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
La institución agregó que monitoran de manera constante para identificar cualquier peligro y actuar de manera inmediata.
“Cualquier intento de acceso indebido, uso irregular o difusión no autorizada de información vinculada a casos de violencia no solo podría constituir un hecho ilícito, sino también una forma de revictimización que vulnera la dignidad, la seguridad y los derechos de las mujeres”, advirtió el comunicado.
Anterior ataque
El 16 de noviembre, el Gobierno del Estado aseguró que no había hackeo y que se trataba únicamente de una “contaminación informática” en unos 60 equipos, según lo dicho por el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.
Sin embargo, en foros de ciberseguridad ya circulaban versiones que atribuían el ataque al grupo Tekir APT, el cual habría robado más de 250 GB de información, eliminado respaldos y exigido un pago de rescate. También se reportó que personal de la Fiscalía tuvo problemas para ingresar nuevas denuncias, lo que obligó a desconectar equipos, aunque en ese momento la institución insistía en que era solo un virus.
Seis días después, el 22 de noviembre, la Fiscalía reconoció que sí hubo un acceso no autorizado a sus sistemas. El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste reiteró esta postura el 24 de noviembre, señalando que la desinformación provenía de medios de comunicación y asegurando que ya se habían implementado nuevos protocolos de seguridad.
