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El Partido Acción Nacional asegura que en el país no existen las garantías necesarias para investigar al expresidente de manera imparcial.
El Partido Acción Nacional (PAN) ha llevado ante la justicia internacional la crisis de violencia en México. A través de una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional (CPI), el partido opositor acusa al expresidente Andrés Manuel López Obrador de presuntos crímenes de lesa humanidad, señalando que la estrategia de seguridad implementada en su administración (2018-2024) estuvo marcada por una supuesta tolerancia hacia la delincuencia.
La denuncia presentada por el partido dirigido por Jorge Romero Herrera incluye a diversas agrupaciones delictivas. El objetivo de la fuerza política es que el tribunal internacional determine las responsabilidades penales de individuos debido a lo que consideran un esquema de complicidad institucional. El PAN argumentó que la Fiscalía y los jueces federales no pueden hacerse cargo del caso por cuestiones de imparcialidad, dado su vínculo con el partido oficialista.
“No serán las autoridades judiciales mexicanas, cooptadas por Morena, quienes resuelvan sobre la presunta responsabilidad de López Obrador, sino un organismo internacional”.
En el documento emitido este domingo, la dirigencia panista subraya que el escenario actual de inseguridad nacional no es un hecho fortuito ni se debe a eventos aislados, sino que señala directamente una omisión intencional por parte de la pasada administración, la cual habría facilitado que las mafias ganaran terreno geográfico, financiero y político.
“La realidad que hoy vive México en materia de inseguridad no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano”, afirmó.
Para sostener la denuncia ante la CPI, el PAN incluyó la alarmante cifra de más de 200 mil homicidios y por encima de 150 mil desapariciones ocurridas en el sexenio anterior. El expediente también describe problemáticas humanas graves como el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de pueblos enteros y las regiones donde las bandas delictivas ejercen el control.
Apuntan contra la política de “abrazos, no balazos”
El PAN sostiene que el lema de seguridad de AMLO es un “narcopacto” que terminó por desarmar la autoridad del Estado frente a los delincuentes.
“El narcopacto conocido como ‘abrazos, no balazos’ permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad”.
La dirigencia del PAN insistió en que entre 2018 y 2024 el gobierno cedió soberanía en múltiples puntos del país, afectando directamente la vida de las comunidades.
“No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”.
Gobernadores de Morena podrían estar en el expediente
La denuncia incluye reportes periodísticos y acusaciones públicas sobre presuntas conexiones entre la política y el crimen. En este apartado, el PAN incluyó los nombres de los gobernadores Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, argumentando que las situaciones de sus estados acrecientan las sospechas de una infiltración delictiva en las esferas del poder.
El PAN concluyó afirmando que estas condiciones hacen urgente la intervención de tribunales internacionales y prometió que no dejará de interponer recursos legales por las víctimas de la violencia y las desapariciones.
“Las víctimas merecen verdad, justicia y rendición de cuentas”.
Asimismo, el partido reiteró su papel de contrapeso frente al actual régimen.
“Somos y seremos por siempre la voz de millones de personas que claman justicia por sus seres queridos y que saben que una supuesta Transformación los traicionó”, señaló.
Hasta ahora, ni el expresidente López Obrador, ni la dirigencia de Morena, ni los gobernadores señalados en la denuncia han emitido algún pronunciamiento público al respecto.
