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El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala nexos entre el gobernador de Sinaloa y Los Chapitos, al Cártel de Sinaloa, en intervenciones directas en las elecciones d
del 6 de junio de 2021 para favorecer al candidato de Morena, Rubén Rocha Moya. Acusan a 9 funcionarios más.
De acuerdo con el documento entregado al Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, Rocha Moya sostuvo reuniones a inicios de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En esos encuentros, los líderes criminales habrían ofrecido garantizar su triunfo a cambio de que, una vez en el poder, se designaran funcionarios afines al cártel.
El día de la jornada electoral, sicarios de Los Chapitos habrían secuestrado y amenazado a candidatos opositores para obligarlos a abandonar la contienda. Según la acusación, contaban con una lista de nombres y domicilios proporcionada por Enrique Díaz Vega, posteriormente, quien luego fue nombrado secretario de Administración y Finanzas en el gobierno estatal.
Además, se les atribuye el robo de urnas y boletas en casillas donde se esperaba un voto contrario a Morena, así como agresiones con armas de fuego y palos contra ciudadanos para intimidarlos. También se reportó su presencia en casetas de peaje, donde presionaban a los votantes para favorecer a los candidatos bajo su protección.
La acusación sostiene que mandos de la Policía Estatal de Sinaloa ordenaron a sus agentes mantenerse alejados de los centros de votación, incluso si había denuncias de delitos.
Luego de la elección, Rocha Moya habría vuelto a reunirse con Los Chapitos, acompañado por Enrique Inzunza Cázarez, entonces secretario General de Gobierno. En esa reunión se discutió el respaldo recibido y el compromiso de otorgarles control sobre la Policía Estatal. Los encuentros, según el DOJ, se realizaron bajo la custodia de sicarios armados.
El gobernador niega las acusaciones
El mandatario sinaloense rechazó categóricamente las imputaciones: “carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”, escribió en su cuenta de X.
Añadió que “este ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
Rocha Moya calificó las acusaciones como parte de “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, concluyó.
Más funcionarios señalados
El DOJ considera que bajo el gobierno de Rocha Moya, Sinaloa se convirtió en un “narcoestado”. El tribunal estadounidense formalizó cinco cargos contra el gobernador y nueve altos funcionarios: Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámasc Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
Los cargos incluyen:
- Asociación delictuosa para importar narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
- Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
- Secuestro y asesinato de un informante de la DEA.
- Conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.
El excomandante municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, es el único acusado directamente por secuestro. Según el expediente, utilizó agentes y patrullas municipales para detener víctimas y entregarlas al cártel, que posteriormente las torturó y asesinó.
