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Durante los últimos diez años, en México se registraron 376 casos de reporteros, trabajadores de medios y defensores de derechos humanos que fueron asesinados, desaparecidos o sufrieron atentados contra su vida, informó Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.
El funcionario presentó en la Fiscalía General de Guanajuato el informe titulado Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con la ONU-DH, entre enero de 2016 y diciembre de 2025 se contabilizaron 89 periodistas asesinados, ocho trabajadores de medios y 181 defensores de derechos humanos. Además, se documentaron 14 intentos de homicidio contra reporteros, dos contra trabajadores de medios y 13 contra defensores.
Cancela Neves añadió que 25 periodistas, un trabajador de medios y 43 defensores fueron víctimas de desaparición. Del total de 376 afectados, 80 eran mujeres; al menos 105 se dedicaban a la defensa del medio ambiente; el 70 por ciento ya había enfrentado incidentes de inseguridad y el 30 por ciento había denunciado agresiones previas ante el Ministerio Público.
El funcionario lamentó que 72 de las víctimas de homicidio o desaparición contaban con medidas de protección. “Eso evidencia la persistencia de retos para cumplir las obligaciones en materia de prevención, protección y acceso a la justicia”, subrayó.
Ante la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo; el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste; la presidenta del Poder Judicial, Alma Delia Camacho Patlán; y la presidenta del Congreso, Angélica Casillas Martínez, el representante de la ONU señaló que la falta de sanción a los responsables constituye una violación al Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y favorece la repetición de las agresiones.
Explicó que periodistas y defensores son blanco de ataques porque su labor afecta intereses públicos, privados, económicos y sociales, y que los agresores son quienes se benefician de la corrupción, la desigualdad y las injusticias.
El informe, elaborado con apoyo de la Embajada Británica, se centró en homicidios, desapariciones y amenazas. Entre los casos revisados se incluyeron los de los defensores Miriam Rodríguez Martínez, Srnulfo Cerón Soriano, Meztli Omixochitl Sarabia Reyna e Isidro Baldenegro López, así como los de los periodistas Edgar Esqueda Castro, Camelia Muñoz Alvarado, Gloria Ruiz García, Amir Ibrahim Mohamed Alfie y Agustín Silva Vázquez.
Entre las buenas prácticas identificadas se mencionan: inspección de los lugares de los hechos, localización de testigos, entrevistas, obtención de grabaciones, peritajes forenses, criminalísticos y balísticos, además de análisis de contexto y emisión de medidas de protección. Sin embargo, Cancela Neves advirtió que estas prácticas no garantizan resultados positivos en las investigaciones.
También se detectaron fallas como pérdida de evidencias y videos, falta de seguimiento a diligencias solicitadas y ausencia de líneas de investigación relacionadas con la labor de las víctimas. Por ello, se emitieron 16 recomendaciones a las fiscalías, principalmente para que indaguen los posibles intereses afectados por el trabajo de periodistas y defensores.
La gobernadora Libia García Muñoz Ledo informó que, en el último año, en Guanajuato se otorgaron 87 medidas de protección a 34 periodistas y 16 defensores de derechos humanos.
Como parte de las políticas públicas en favor de este sector, se enviaron iniciativas para reformar la Constitución, el Código Penal y la Ley de Protección, las cuales ya fueron aprobadas por el Congreso. La mandataria adelantó que próximamente presentará una nueva propuesta legislativa para fortalecer la protección.
“El trabajo de reporteros y defensores tiene riesgos que no deben ser tolerados y, para protegerlos, no es suficiente la voluntad política; se necesitan herramientas técnicas y buenas prácticas”, expresó García Muñoz Ledo.
Finalmente, exhortó: “Ante cualquier señal de alerta no duden en acercarse al Consejo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
