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Senado autoriza ingreso de militares estadounidenses para ejercicio conjunto en Chihuahua

La solicitud, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y catalogada como de “urgente resolución”, fue aprobada sin mayor complicación por el pleno legislativo.

El “Ejercicio Especializado Conjunto” tendrá una duración de diez días y se llevará a cabo en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, ubicado en Chihuahua.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Senado, “la actividad tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de México, a través de la planificación y ejecución de operaciones militares”.

En total, participarán 139 elementos pertenecientes a la 101ª División Aerotransportada del Ejército estadounidense, quienes ingresarán a territorio mexicano “con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea (estadounidense)”, según se detalla en el mismo comunicado. Su llegada será a la 5ª Zona Aérea Militar, ubicada precisamente en Santa Gertrudis, Chihuahua.

Principios bajo los que se desarrollará la actividad

El Senado precisó que este ejercicio conjunto se realizará “bajo los principios de respeto, soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración, sin subordinación”.

Finalmente, la institución legislativa señaló que esta actividad contribuirá a fortalecer tanto la preparación individual como colectiva de ambas fuerzas armadas, además de perfeccionar los mecanismos de cooperación militar entre ambos países.

Esta no es la primera ocasión en que se autoriza un ejercicio de este tipo en territorio mexicano durante los últimos años. En julio de 2025, un contingente de 120 militares estadounidenses ya había participado en un ejercicio de adiestramiento realizado en el mismo complejo militar de Santa Gertrudis, Chihuahua. Asimismo, entre abril y mayo de este mismo año, otros 11 soldados estadounidenses estuvieron presentes en dicha instalación.

El contexto político previo a la autorización

Esta nueva autorización se da en un momento particular, luego del reciente choque político entre el gobierno federal y el estado de Chihuahua, derivado de la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos durante un operativo antidrogas realizado en abril pasado.

Dicho incidente generó una nueva controversia relacionada con temas de soberanía y cooperación bilateral, luego de que el gobierno federal afirmara que no había sido informado previamente sobre la participación de agentes estadounidenses en dicho operativo.