La administración de Donald Trump ordenó este lunes la suspensión de un proyecto de seguridad fronteriza que se desarrollaba en un parque nacional de Texas, ubicado en uno de los tramos con menor actividad migratoria entre Estados Unidos y México.
La administración de Donald Trump ordenó este lunes la suspensión de un proyecto de seguridad fronteriza que se desarrollaba en un parque nacional de Texas, ubicado en uno de los tramos con menor actividad migratoria entre Estados Unidos y México. Esta decisión fue tomada tras una intensa ola de críticas por parte de organizaciones ambientalistas y, además, después de que un senador republicano del propio estado enviara una carta al gobierno expresando su preocupación.
A través de una publicación en redes sociales, el comisionado de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Rodney Scott, informó: “La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) suspende todas las actividades de construcción en el Parque Nacional Big Bend mientras lo visito y realizo una evaluación personal sobre el terreno”.
Scott también agregó un video grabado a su llegada a un aeropuerto texano, desde donde señaló que se dirigía a dicha reserva natural para “realizar una evaluación personal”, entre otras actividades programadas.
En la misma publicación, detalló: “En los próximos días, me uniré a un pequeño equipo para evaluar el terreno y escuchar a los líderes locales, miembros de la comunidad y partes interesadas para garantizar la seguridad de nuestras fronteras y, al mismo tiempo, proteger el Parque Nacional Big Bend para las generaciones futuras”.
El funcionario añadió que “la CBP está firmemente comprometida con la protección de Estados Unidos, incluyendo nuestros tesoros nacionales”, categoría en la que incluyó a esta reserva natural. No obstante, insistió en que su oficina tiene conocimiento de “las amenazas actuales y previsibles a la seguridad nacional, y son reales”.
Un gran valor natural en medio de la controversia
Big Bend es un extenso parque desértico situado a lo largo del Río Grande, a unos 482 kilómetros al sudeste de El Paso, reconocido por sus montañas, cañones y fauna característica del desierto. Este espacio natural forma parte de un tramo especialmente accidentado de la frontera entre Estados Unidos y México, que en total abarca aproximadamente 3,200 kilómetros y que históricamente ha registrado un número relativamente bajo de cruces migratorios irregulares.
A inicios de agosto, la llegada de excavadoras y otra maquinaria pesada a la zona desató una serie de críticas por parte de activistas ambientales, quienes consideran que las obras resultan innecesarias y provocan daños en terrenos ecológicamente sensibles dentro del parque.
Esta situación motivó al senador texano John Cornyn a dirigir una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, encargado del departamento del que depende la CBP.
En una publicación de redes sociales del pasado martes expresó: “Siempre apoyaré la seguridad de nuestra frontera, pero responsables locales de ambos partidos y otras partes interesadas me transmitieron su preocupación por los posibles impactos en zonas donde el terreno ya actúa como disuasión para los cruces ilegales, ya se trate de acantilados de 1,000 pies a orillas de ríos, profundos cañones o desiertos”.
La defensa del proyecto por parte de la CBP
Tres días después, el jefe de la CBP emitió un comunicado en el que precisó que el proyecto contemplaba “construir una nueva carretera de acceso, mejorar las carreteras existentes, instalar tecnología de detección y colocar barreras vehiculares en ubicaciones estratégicas y limitadas”.
En ese mismo documento, Scott aclaró: “No estamos construyendo un muro de nueve metros ni instalando iluminación de estadio”, y defendió que “lo que la gente está viendo ahora son trabajos de topografía y diseño, no la construcción de un muro a través del parque“. Agregó también: “Estamos trabajando para preservar el paisaje y proteger el acceso del que dependen visitantes y empresas locales”.
De acuerdo con Scott, el objetivo del plan es apoyar a los agentes fronterizos “a detectar cruces ilegales, responder con mayor rapidez y asistir a visitantes (que se encuentren) en peligro”.
El funcionario sostuvo que la intención es “no dejar Big Bend desprotegido” mientras el gobierno de Trump “refuerza” la seguridad en la frontera suroeste del país.
Finalmente, advirtió sobre el riesgo que representaría dejar sin vigilancia esta zona: “Esto representa una oportunidad para que los cárteles la aprovechen cambiando sus rutas y tácticas“. Scott concluyó afirmando que su labor busca “proteger este parque para salvaguardar su legado, manteniéndolo seguro e impoluto para que las familias estadounidenses puedan disfrutar de la belleza de nuestro país, libres de la actividad de los cárteles y sin temor, durante generaciones”.
